¿Precisamos un “Ministerio de la Verdad”? - El SOMA

¿Precisamos un “Ministerio de la Verdad”?

Puestos a hablar de verdades, empecemos con una: los bulos son consustanciales a la Humanidad y su propagación se ha ido incrementado a medida que los medios de propagación se fueron haciendo cada vez más poderosos y eficaces. No se trata, pues, de un fenómeno de nuestros días aunque quizá nunca antes se escribió tanto sobre él; por recordar dos obras de referencia -y que ya tienen algunos años- cabe mencionar los libros de Ralph Keyes The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life (2004) y Cass Sunstein Rumorología: cómo se difunden las falsedades, por qué nos las creemos y qué se puede hacer (2010), que es la versión en castellano de On Rumors: How Falsehoods Spread, Why We Believe Them, What Can Be Done (2009), que, a su vez, tuvo su origen en el artículo ‘She Said What?’ ‘He Did That?’ Believing False Rumors, publicado en Harvard Public Law Working Paper No. 08-56.

Sunstein explica que los bulos se difunden a través de dos formas que se solapan: mediante las cascadas sociales y la polarización de grupos. Las cascadas tienen lugar porque si la mayoría de la gente que conocemos cree un rumor, nosotros nos inclinamos a creerlo; a falta de opinión propia, aceptamos la de los demás. Pero eso no ocurre únicamente en ámbitos en los que somos legos, sino que también es frecuente entre los especialistas (en Derecho, Economía, Medicina,…) y puede suceder que el rumor se propague aunque contradiga de manera evidente lo que está percibiendo la persona que lo difunde, que se “conforma” con lo que dice la mayoría, especialmente si se participa en foros públicos y no se quiere “contrariar” a los demás.

Hacha

La polarización de grupos alude a que cuando se congregan personas con afinidades intelectuales suelen acabar defendiendo posturas más extremistas que las que tenía cada uno antes de empezar a hablar. Así, cuando a título individual tendemos a creer que ha ocurrido una injusticia, hablar con personas que se sienten lo mismo intensificará ese sentimiento y hará que nos enfurezcamos. Y ello por tres razones: el intercambio de creencias intensifica los sentimientos preexistentes; nuestras opiniones se fortalecen al ser corroboradas y cuanto más se fortalecen más extremas se vuelven (este fenómeno se ha potenciado muchísimo con las redes sociales); la preocupación de la gente por su reputación genera una tendencia a ajustar nuestra postura a la de la posición dominante.

En el libro de Sunstein también se trata de dar respuesta a varias preguntas: ¿Quiénes propagan los bulos? Hay numerosos mensajeros: los que tienen intereses propios “particulares” que resultarían beneficiados desprestigiando a otras personas o a un grupo (sería el caso del que difunde rumores para perjudicar a un rival político, académico,…); los que tienen un interés propio “general”, como, por ejemplo, atraer lectores o internautas; los “altruistas”, que lo hacen para respaldar una causa política, religiosa, social… (los antivacunas, por citar un caso) y, finalmente, los “malintencionados”, que tratan de causar un daño a alguien, que no tiene necesariamente que ser un personaje público, sino que puede ser un vecino, compañero de trabajo, mero conocido,…

¿Cuándo se propagan mejor los rumores? Especialmente en momentos de crisis, peligro, graves acontecimientos,…porque siempre hay algún agraviado susceptible de aceptar rumores que justifiquen su estado emocional o al que le sirven como desahogo. Y esa propagación también se verá favorecida si lo que pensaba antes el difusor resulta avalado con el rumor que llega, máxime si ya tenía formado un “prejuicio”.

¿Cómo pueden potenciar los rumores las redes sociales? Facilitando a los propagadores una cantidad ingente de información (vídeos, tuits, comentarios en Facebook,…) que sacada de su contexto sirve para presentar de manera desfavorable a una persona, a una institución,… ¿Quién no ha dicho o hecho algo que transmitido de manera aislada no le haga parecer ante los demás como desagradable o, incluso, repulsivo?

En todo caso, si la propagación de bulos no es algo de nuestros días tampoco lo son las reacciones gubernamentales dirigidas, según sus promotores, a evitar o, cuando menos, restringir la divulgación de noticias falsas; Kenan Malik hace aquí un breve recorrido histórico remontándose a un Decreto de Carlos II del año 1672.

Hoy se multiplican iniciativas de todo tipo, algunas de ellas impulsadas por los Gobiernos de los países más avanzados tecnológicamente, como Alemania o Francia, para combatir la rumorología; obviamente, la ajena, no la propia.

Pero lo cierto es que no estamos desarmados frente a las falsedades; hay, por una parte, un arsenal penal que, aunque podría ser mucho más potente, no es menor: es calumnia, dice el Código Penal, la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad (art. 205). Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses (art. 206). Es injuria la acción o la expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación (art. 208). En ambos delitos se considera que la reparación del daño comprende también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del condenado por tales delitos, en el tiempo y forma que el Juez o Tribunal consideren más adecuado a tal fin, oídas las dos partes (art. 216).

Además, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, prevé que la divulgación de expresiones o hechos concernientes a una persona cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena tendrá consideración de una intromisión ilegítima (art. 7.7) y, en tal caso, se presumirá la existencia de perjuicio. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma (art. 9.3).

Si estas respuestas “a posteriori” se consideran insuficientes podría ampliarse la intensidad de las medidas penales y civiles pero, en ningún caso, sería admisible el establecimiento de algún tipo de censura previa, pues está expresamente descartado en el texto constitucional (art. 20.2).

Por otra parte, en un Estado democrático hay que diferenciar entre libertad de expresión, que en ningún caso está orientada a la búsqueda “de la verdad”, y la libertad de información, que exige veracidad pero no verdad; es decir, requiere una conducta diligente por parte de quien elabora la información pero sin que ello signifique, obviamente, ni la imposición de la verdad como condición para el reconocimiento del derecho, ni la falta de protección constitucional de las afirmaciones erróneas, inevitables en un debate libre, de tal forma que, de imponerse «la verdad» como condición para el reconocimiento del derecho, la única garantía de la seguridad jurídica sería el silencio (Sentencia del Tribunal Constitucional 6/1988, de 21 de enero).

Y, por si no fuera suficiente, no cabe exigir por Ley –apoyada con sanciones administrativas- una separación clara entre informaciones y opiniones. El efecto desalentador del ejercicio del derecho que se derivaría de esta previsión “se percibe solo con tomar como ejemplo el caso de los debates o tertulias políticas en las que, de forma evidente, se mezclan ambas facetas, siendo desproporcionado exigir que en ese tipo de intervenciones se esté alertando en cada momento de cuándo se está ejerciendo la libertad de opinión y cuándo la libertad de información (STC 86/2017, de 4 de julio).

No cabe, pues, un “Ministerio de la Verdad” orwelliano pues ni tal verdad, de existir, es exigible cuando se expresan opiniones o se informa ni cabría instaurar un control previo gubernamental o administrativo sobre lo que se pretenda decir o publicar.

Decía Robert Jackson, juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que el precio de la libertad de expresión es aguantar una gran cantidad de basura; podríamos añadir que las redes sociales electrónicas, inexistentes en la época de Jackson, han multiplicado esa basura y propagado su hedor pero también esas mismas redes tendrían que contribuir a combatirla y la primera forma de hacerlo es, parafraseando a Salman Rushdie, llamar basura a esa basura, evitando así cualquier forma de legitimación.

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Autor

Miguel Presno

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