Fake News vs Nosotros - El SOMA

Fake News vs Nosotros

Hace un rato tecleé en un buscador de internet las palabras “regulación de las fake news” encontrándome enlaces a las declaraciones de varios líderes políticos, de los chachis, no estando muy en desacuerdo con ellos sobre la necesidad de control de los medios de comunicación o lo que sobre ellos se traslada al ciudadano. Donald Trump, Enmanuel Macron o, claro, Dolores de Cospedal (despidos diferidos en forma de simulación como éxtasis de verosimilitud), consideran que la proliferación de noticias que no se ajustan a la verdad o pretenden manipular la conciencia colectiva constituyen algo peligrosísimo para las democracias modernas y, por ello, pode ser un campo abonado para plantar actividad legistativa que dé, como fruto, una limitación a la hora de escribir lo que se traslada al público y, como consecuencia, un zumo sancionador. Tal pareciera que la intención de engaño fuera algo propio de las sociedades en que las redes sociales o los medios de información digitales formaran parte de lo cotidiano.

En su libro La Propaganda Negra, Stanley Newcourt Nowodworski hace un repaso, en su primer capítulo, de la propaganda de guerra desde Sun Tzu. De Cicerón a Gengis Kan, de la Europa de la Reforma a Lenin, Napoleón o Hitler se utilizaron métodos más o menos elaborados para “crear discordia interna” o alumbrar “el bastardo que se escondía en el interior de todas las personas y que debía ser el objetivo principal de la propaganda”. Estamos hablando de periodos de cañonazos y bombardeos pero se usaban métodos para lograr llegar a cada ciudadano, como la eliminación de la censura o la exención tributaria de los medios de comunicación dedicados a estos objetivos, o la producción por la Alemania nazi de un receptor de radio asequible – el Volksempfänger 301 –, para que las alocuciones no pasaran de largo dado que “¡todo ciudadano es un radioyente!”.

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Existen casos dramáticos y recientes del uso de noticias falsas como forma de justificar acciones inicuas. ¿Quién no recuerda a Aznar o a Blair asegurando que en Irak había un arsenal armas de destrucción masiva que solamente podía controlarse mediante un ataque no menos destructor en masa, justificándose posteriormente en que no eran tan listos como para haber sabido que era una patraña?

No siempre las mentiras tienen como finalidad meterle cañones en el baño a Saddam. Basta una infidelidad, un embarazo no deseado, una operación estética –o no- de un “influencer” para llevar a una portada una foto “robada” y vender decenas de miles de ejemplares de una revista o que se pinche un link. Orson Welles y su Guerra de Los Mundos, Jordi Évole y la farsa del 23F. Los motivos para falsear la realidad pueden ser múltiples y no todos locos por incordiar.

Ante este panorama, ¿es necesario regular cómo se transmite la información para asegurarnos una convivencia pacífica y nuestros valores democráticos? Mi opinión es que tenemos los suficientes instrumentos jurídicos para protegernos de las noticias falsas, publicadas por medios de comunicación, que nos puedan afectar.

Podemos empezar por los códigos deontológicos de los periodistas, aunque son solamente declaraciones de intenciones sin capacidad coercitiva, ya que apelan a la ética profesional sin régimen sancionador. También los abogados tenemos códigos deontológicos y ya ven el panorama. El artículo 2 del Código deontológico de la Federación de Asociaciones de periodistas de España dice que “el primer compromiso ético del periodista es la verdad”. ¿O.K.? El Código deontológico europeo de la profesión periodística, desarrolla algo más esta idea y en su artículo cuarto nos informa de que “la emisión de noticias debe realizarse con veracidad, a través de las actividades verificadoras y comprobadoras oportunas y con imparcialidad en la exposición, descripción y narración de los mismos. Los rumores no deben confundirse con las noticias. Los titulares y enunciados de las noticias deben subrayar lo más fielmente posible el contenido de los hechos y datos.” El Estatuto del Periodista Profesional insiste en que es deber del periodista “(...) ofrecer a la sociedad información veraz de relevancia pública” y vuelve a incluir un código deontológico equiparable. Pero los abogados no podemos vivir de las buenas intenciones así que tenemos posibilidades de defendernos de las noticias falsas que nos afecten mediante procedimientos que nos permitan redactar minutas.

La Ley Orgánica 2/1984 reguladora del derecho de rectificación, en su primer artículo, nos dice que “Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio.

Podrán ejercitar el derecho de rectificación el perjudicado aludido o su representantes y, si hubiese fallecido aquél, sus herederos o los representantes de éstos.” Este derecho se ejercita, en una primera fase mediante un escrito al director del medio de comunicación en un plazo de siete días para que se publique la rectificación en un plazo posterior de tres días. No siendo así, se podrá acudir en otro plazo de siete días al Juzgado de Primera Instancia para que sea el Juez el que, con trámite de audiencia mediante, decida sobre la publicación o no de la rectificación. Me cuesta, pero he de decir que es un procedimiento que no requiere presencia de abogado y procurador.

En ocasiones las informaciones pueden, además de no ser verdaderas, afectar a nuestro derecho al honor, intimidad o propia imagen. La Ley Orgánica 1/1982 regula su protección en la vía civil y los reconoce, en el artículo 20.4 de la CE, como límites del derecho a la libertad de expresión o de difusión de información veraz (que no verdadera). La protección penal por la vulneración de estos derechos tendría preferencia y se verá algo más adelante. Estos derechos, según el artículo 2 de la ley, quedarán delimitados por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia y no hay intromisión ilegítima si está autorizada por ley o consentida. El artículo 7 determina aquellas intromisiones que presume son intromisión ilegítima en los derechos al honor, intimidad y propia imagen y aquí ya nos describe hechos que son los que tienen en vilo a aquellos que pretenden una regulación, digamos que más intensa: aparatos de escucha, filmación de aspectos de la vida privada, su difusión que afecten a su buen nombre, vulneración del secreto profesional, expresiones injuriosas etc. Puede consultarse el artículo íntegro en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-1982.html.

El artículo octavo describe aquellas actuaciones que no se consideran intromisiones ilegítimas, como las autorizadas por autoridad competente, supuestos de cargo público en un acto público, caricaturas… Quién tenga interés puede leerlo íntegro en el enlace anterior.

Para la protección de estos derechos se abren las vías ordinarias civiles o un procedimiento preferente y sumario que, según las Ley de Enjuiciamiento Civil, nos devuelve, en un juego legislativo, a las vías ordinarias civiles. Si aun así no entendemos suficientemente protegidos nuestros derechos, podríamos interponer recurso de amparo, de los que se admiten alrededor de un 1%.

¿Qué podemos pedir? El artículo 9 de la LO1/1982 permite la restitución en nuestros derechos, las medidas necesarias para que no se sigan vulnerando ( ¿secuestro de publicaciones como medida cautelar? ) y la indemnización de daños y perjuicios, que incluye el daño moral.

El TC en su sentencia de 16-2-2015 nº18, y en relación con la protección estos derechos frente a informaciones periodísticas afirma que “más concretamente, ante supuestos de colisión entre el referido derecho y la libertad informativa consagrada en el art. 20.1 d) CE, hemos manifestado que deberán ponderarse los diferentes intereses en litigio y, conforme a las circunstancias concurrentes ad casum, dilucidar qué derecho o interés merece mayor protección. A este respecto, el canon de constitucionalidad que ha de regir en la ponderación queda explicitado, entre otras, en la STC 19/2014, de 10 de febrero, FJ 6, en los siguientes términos: "…En efecto, este Tribunal ha venido reiterando que la libertad de información <ocupa una posición especial, puesto que a través de este derecho no sólo se protege un interés individual sino que su tutela entraña el reconocimiento y garantía de la posibilidad de existencia de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático (por todas, STC 21/2000, de 31 de enero, FJ 4, y las allí citadas). Ahora bien, como se sabe, hemos condicionado la protección constitucional de la libertad de información a que ésta sea veraz y esté referida a asuntos de relevancia pública que son de interés general por las materias a que se refiere y por las personas que en ellos intervienen; contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la opinión pública. También hemos afirmado que el valor preferente del derecho a la información no significa, sin embargo, dejar vacíos de contenido a los derechos fundamentales de las personas afectadas o perjudicadas por esa información, que han de ceder únicamente en la medida en que resulte necesario para asegurar una información libre en una sociedad democrática (…) De modo que la legitimidad de las informaciones que impliquen una intromisión en otros derechos fundamentales (…) requiere no sólo que la información cumpla la condición de la veracidad, sino también que su contenido se desenvuelva en el marco del interés general del asunto al que se refiere, pues sólo entonces puede exigirse de aquellos a quienes afecta o perturba el contenido de la información que, pese a ello, la soporten en aras, precisamente, del conocimiento general y difusión de hechos y situaciones que interesan a la comunidad>, sin que baste a tales efectos la simple satisfacción de la curiosidad ajena (STC 20/1992, de 14 de febrero, FJ 3)” (STC 208/2013, de 16 de diciembre, FJ 5)..."

En cualquier caso, las actuaciones restrictivas de los derechos, como la libertad de expresión o de emitir y recibir información veraz, debe hacerse de forma restrictiva, como señala el TEDH, para no acabar menguando tanto su contenido que quede sin él. En el caso Defensores Internacionales de los Animales vs Reino Unido el Tribunal afirma que “Los principios generales que permiten valorar la necesidad de una intervención en el ejercicio de la libertad de expresión han sido resumidos en la sentencia Stoll contra Suiza ((GS), núm. 69698/01, apartado 101, TEDH 2007 V) y confirmados más recientemente en la sentencia Movimiento raeliano suizo contra Suiza ((GS), núm. 16354/06, apartado 48, TEDH 2012):"(i) La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de cada uno. Sin perjuicio del apartado 2 del artículo 10, es aplicable no sólo a la "información" o "ideas" que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas, sino también a las que ofenden, resultan chocantes o perturban el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin las cuales no existe una "sociedad democrática". Como se establece en el artículo 10, está sujeta a excepciones, que, sin embargo, tienen una interpretación estricta, y la necesidad de cualquier restricción debe establecer fehacientemente (...).(ii) El adjetivo "necesario", en el sentido del artículo 10 ap. 2, implica una "necesidad social imperiosa" (…)iii) La tarea del Tribunal, en el ejercicio de su potestad de apreciación, no es el de sustituir a las autoridades nacionales competentes, sino verificar a la luz del artículo 10, que las decisiones se emiten conforme a su potestad de discrecionalidad. (...). De este modo, el Tribunal debe estar convencido de que las autoridades nacionales han aplicado la normativa nacional conforme con los principios consagrados en el artículo 10 y, por otra parte, sobre la base de una evaluación aceptable de los hechos pertinentes (...)"

¿Quiénes serían los responsables de la difusión de una información no veraz y que atente a nuestros derechos? La ley de Prensa e Imprenta 14/1966 permite reclamar de forma solidaria a autores, directores, editores e impresores lo que, con arreglo al artículo 1.144 del Código Civil nos permite actuar frente a uno, todos uno tras otro hasta haber satisfecho la deuda. El Código Penal, en caso de actuaciones delictivas también establece esta solidaridad en los artículos 212 y 213.

No solamente en la vía civil tenemos posibilidades de defendernos frente a noticias no verdaderas o atentatorias contra nuestros derechos fundamentales. El TC en su sentencia de 25-11-1997 recuerda que “es doctrina reiterada la de que el ejercicio de la libertad de expresión -también el del derecho a la información- no puede justificar sin más el empleo de expresiones o apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de crítica y son claramente atentatorias para la honorabilidad de aquel cuyo comportamiento o manifestaciones se critican”. Con ello, el Código Penal regula en sus artículos 205 y siguientes los delitos de calumnias e injurias castigando aquellas conductas en que a alguien se le impute la comisión de un delito sabiendo que es falso o con temerario desprecio hacia la verdad o bien las que lesionen la dignidad de otra persona menoscabando su fama o su estima. La penas impuestas a los diferentes tipos de delitos contra el honor varían desde las privativas de libertad, las multas, inhabilitación, publicación de las resoluciones judiciales y también regula las posibles indemnizaciones.

Si la libertad de expresión y de difundir información veraz es fundamento de un sistema democrático que se precie de mismo y del pluralismo político, hemos de tener en cuenta que no estamos inmunes frente a actuaciones que lesionen nuestros derechos. En palabras del TS en su sentencia de 10 de octubre de 2004 “ El artículo 20.4 C.E. EDL1978/3879 señala que las libertades reconocidas por la Constitución en el apartado 1 del mismo, entre ellas el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, tienen su límite en el respeto de los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”

¿Es necesario, visto lo anterior, establecer regulaciones ex novo sobre la publicación y difusión de las fake news? A mi modo de ver, no. Primero, porque tenemos formas de hacerlo con la regulación actual, aunque pueda necesitar retoques o modernizarse por la aparición de medios que no existían en el momento de la regulación descrita o la internacionalización de éstos. Segundo, porque el legislador, cada vez más confundido con el ejecutivo, tiene tentaciones odiosas de establecer sistemas sancionadores “administrativizados” y, por tanto, alejados de la autoridad judicial, independiente y mejor garante de nuestros derechos. También sus consecuencias suelen ser más onerosas que las reguladas en el ámbito penal, y para ello podemos leernos la reformulada Ley de protección de la Seguridad Ciudadana o las novedades que trajo la llamada “ley Sinde”, sustrayendo de las manos de los jueces y depositándolas en funcionarios jerarquizados y dependientes, aspectos relevantes y que pueden ser lesivos de derechos fundamentales (cierre de una web o sanciones altísimas por, por ejemplo, grabar a un policía en una algarada en la vía pública).

No entro en este artículo en la libertad de expresión o difusión de opiniones, que no se atienen a la obligación de veracidad, pues daría para algún que otro párrafo, aunque, para no dejar de aburrir hasta el final, el TC en su sentencia de 25-11-1997 nos dice que “El Tribunal ha diferenciado la amplitud de ejercicio de los derechos reconocidos en el art. 20 CE según se trate de libertad de expresión (en el sentido de la emisión de juicios y opiniones) y libertad de información (en cuanto a la manifestación de hechos). Con relación a la primera, al tratarse de la formulación de opiniones y creencias personales, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de acción que viene delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas y que no contravengan otros valores constitucionales o derechos fundamentales, tales como la igualdad, dignidad (STC 14/1991) o el derecho a la intimidad. En este sentido, los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, a diferencia de lo que ocurre con los hechos, no se prestan, por su naturaleza abstracta, a una demostración de su exactitud y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, y, por tanto, respecto del ejercicio de la libertad de expresión no opera el límite interno de veracidad (por todas, STC 107/1988).”

Y si necesitan abogados, ya saben...

Acerca de

Autor

Daniel de la Horra Valderrama

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