Editorial - El SOMA

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Tuerzan un poco la cabeza, así, hacia atrás, que vamos a coger impulso con nuestro nuevo amigo, Raimón. Raimón nació en un castillo del condado de Barcelona, decidió hacerse clérigo, luego fichó por los dominicos y durante gran parte de su vida se aplicó en estudiar leyes. Participó en política y, según cuentan las crónicas, fue juez en varios casos de herejía. Escribió una obra importante para el papa de entonces. En torno al año 1275 se murió y la vida siguió, ya saben, como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.

Casi setecientos años después, en 1943, la dictadura franquista, en uno de sus accesos aglutinantes, decidió crear una orden con su nombre para conceder un caramelo a los jueces que sonreían bien y sabían besar pies mientras se acariciaban las puñetas de encaje: la Orden de San Raimundo de Peñafort. Ese mismo año nacía en Torremolinos Juan José del Águila. Juan José estudió Derecho y Sociología y se afilió al PCE en 1963, el año que se creó el Tribunal de Orden Público. Era un renglón torcido del régimen. Fue detenido en varias ocasiones por la Brigada Político Social y chupó cárcel por repartir octavillas cuando las detenciones y las palizas eran mainstream.

Mientras Juan José andaba enredado en estas cosas, el TOP inauguraba su andadura con la sentencia de diez años de cárcel a un albañil por "cagarse en Franco". Fue la primera de sus casi tres mil ochocientas sentencias dedicadas a hacer Justicia. Manolo era Ministro de Información y Turismo, los universitarios eran anti mannequin challenge, los sindicatos clandestinos empezaban a coleccionar procesos judiciales y a los miembros del TOP, que era gente de buen comer, se les galardonaba con la cruz de la Orden del bueno de Raimundo. El TOP se disolvío en 1977, y el manoseado testigo lo recogió un nuevo órgano, la Audiencia Nacional, al que unos cuantos miembros del TOP se acabaron incorporando en el lapso que dura el paso de la paz a la gloria, como quien agarra una liana sin apenas haber soltado la anterior. Tres de los presidentes del difunto TOP acabarían siendo presidentes del Tribunal Supremo durante la democracia, esa fase de ruptura con la dictadura.

Con la nueva Constitución pudimos lamer el refrescante polo de la separación de poderes, tamizada por enfrentamientos religiosos de los que nacieron discusiones y herejías, mártires, héroes y gentes de fe. Frente al trinitarismo de Montesquieu se fue abriendo paso el arrianismo del PP, según el cual el poder judicial fue creado por el Padre y está subordinado a él, que en su evolución modalista defendía directamente que Hijo y Espíritu Santo son, en realidad, máscaras mediante las que se manifiesta el Poder Supremo. Y así las cosas en las altas esferas, se fue consagrando una máxima labrada en piedra: o respetas o sales.

Cuando en 2001 Juan José del Águila, ya como magistrado, presentó su libro "El TOP: la represión de la libertad (1963-1977)", acompañado de una magistrada del Tribunal Constitucional y del Decano del Colegio de Abogados de Madrid, El País como el resto de los medios que acudieron decidieron que aquello no merecía una nota. La editorial Planeta lo retiró en menos de seis meses, aunque a cambio pasó a ofrecernos la posibilidad de deleitarnos con interesantes ensayos como las memorias de Aznar. Sólo la imborrable imagen del fiscal Horrach con un carrito de Mercadona cargado de documentos puede ofrecernos la brocha gorda que le falta a nuestro cuadro reciente de fe en la Justicia.

Por su parte, la Orden de Raimundo sigue con buena salud y para el reparto de medallas cuenta en su Junta de Gobierno con figuras eminentes del mundo judicial como el Ministro de Justicia o el Arzobispo de Toledo. En 2011, el galardón creado por un dictador al que no le temblaba la pestaña cuando tenía que firmar ejecuciones, avalar torturas y tapar fosas comunes, se concedió a los Secretarios Judiciales y demás currelas por su defensa de los derechos y libertades frente a la violencia terrorista. Solidaridad con los galardonados ya.

A nadie le cabe la menor duda de que muchos magistrados nunca han tenido empacho en cuestionar la dulce jubilación de quienes fueron lamebotas del régimen, posteriormente reciclados en nuevos sillones con ruedas. Es probable, también, que a día de hoy no haya jueces y magistrados que compartan cenas, celebraciones y cacerías con altos empresarios y políticos de fuste, que el diapasón del fiscal sea un caso aislado y que el corporativismo y la complicidad hayan sido sustituidas por relaciones blancas e independientes. El año de cárcel que llevan los condenados de Alsasua por una pelea de bar, las penas a tuiteros y humoristas, la culpabilización a las víctimas de malos tratos o el encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart no obedecen a directrices politicas o a la pervivencia de humores franquistas en el poder judicial. Carrero Blanco nos mira desde el cielo, pero el que se ríe es él.

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