¿Y si no hablamos de 'golpe de estado'? - El SOMA

¿Y si no hablamos de 'golpe de estado'?

El conjunto de actos integrado por la aprobación en el Parlament de Catalunya, los pasados 6 y 8 de septiembre, de las leyes de referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica y fundacional de la república, el contexto en el que se desarrollaron esas sesiones parlamentariasy los acontecimientos posteriores conducentes a preparar la consulta convocada para el 1 de octubre, han sido calificados en algún medio de comunicación y por parte de determinados cargos políticos, académicos y un exministro como un “golpe de estado”, que algunos remontan ya a dos, o más, años atrás, llegándose a hablar de golpe de estado permanente, expresión acuñada por Mitterrand  en 1964 para denunciar el personalismo del gobierno del general De Gaulle.

Como es obvio, quienes califican la deriva del proceso independentista como “golpe de estado” no sugieren que estemos ante lo que, históricamente, se ha conocido como tal; es decir, un conjunto de actuaciones flagrantes e ilegales dirigido a deponer por la fuerza a quienes gobiernan y que es llevado a cabo por  miembros de las fuerzas armadas y/o por cargos relevantes dentro del aparato del Estado (por citar un ejemplo teóricamente fácil no aluden a un “golpe a la turca” aunque en Turquía los golpes de estado han adoptado diversas variantes, hablándose incluso de “golpe de estado democrático” para caracterizar al que tuvo lugar en 1960).

Gaudí

En esencia, esta versión “a la catalana” del golpe de estado consistiría en promover,desde las instituciones autonómicas y con el apoyo de la movilización ciudadana, la secesión de esa parte del territorio quebrantando para ello de manera contumaz el ordenamiento constitucionalmente establecido pero sin acudir al auxilio de fuerza militar alguna.

Que este proceder supone una quiebra del ordenamiento español vigente es innegable y lo reconocen los propios promotores; que dicha ruptura no está amparada por el derecho internacional también lo es, a pesar de lo que digan sus defensores. Sin embargo, no creo que sea adecuado ni necesario hablar de “golpe de estado”, ni siquiera en esa acepción “no violenta”.

En primer lugar, porque en términos conceptuales -y legales- el recurso a la fuerza, que aquí no se ha producido, es algo intrínseco al “golpe de estado”, bien se use de manera expresa o de una forma menos evidente pero innegable; así, el Código penal español prevé (art. 472) que “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 1. Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución…. 5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional. 6º Sustituir por otro el Gobierno de la Nación o el Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma,…” La idea de fuerza y resistencia también forman parte del delito de sedición: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales” (art. 544).

En segundo lugar, porque cuando se trata de un intento de “golpe de estado” la reacción prevista por el ordenamiento de cualquier país democrático -no digamos uno que no lo sea- es de una notable -y lógica- dureza; en nuestro caso “los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo…” (art. 473); “los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo” (art. 545). Pues bien, como es conocido, la Fiscalía General del Estado ha anunciado querellas por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, delitos de otra naturaleza y con penas mucho menos graves que las previstas para la rebelión y la sedición.

En tercer lugar, porque no calificar como “golpe de estado” -ni de menoscabo a la seguridad nacional- lo ocurrido no implica restarle importancia ni olvidar que se han cometido numerosas y reiteradas vulneraciones del ordenamiento constitucional -incluido el derecho propio de las instituciones catalana- para las que están previstas consecuencias jurídicas de diversa índole, no descartándose la aplicación del artículo 155 de la Constitución, además de, en su caso, las disposiciones correspondientes del Código Penal.

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Autor

Miguel Presno

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