Cataluña y el juego de la lotería constitucional - El SOMA

Cataluña y el juego de la lotería constitucional

España es el país europeo del juego -más de 30.000 millones de euros al año- de manera que usted puedegastarse su ilusión, cumulativa o alternativamente, en la Quiniela, la Bonoloto, La Primitiva, El Gordo, los Euromillones, la Lotería Nacional, la ONCE... y todavía le quedan miles de rifas y sorteos de la escuela, del equipo de fútbol (o de baloncestoo de badminton,…) de los niños, de las fiestas patronales o de la protectora de animales. Al calor de la coyuntura política, en los últimos meses se ha puesto de moda jugar, y sin coste económico alguno, a la Constitución: se trata de adivinar el número del artículo que se aplicará para solucionar, en un plis plas, el “problema de Cataluña”.

Hasta ahora el número premiado parecía ser, inevitablemente, el 155 y usted podía escucharlo por doquier, desde la barra del bar al parque infantil. A pesar de que se trata de uno de los preceptos menos desarrollados del texto constitucional todo el mundo hablaba, a secas, “del 155”. ¿Todo el mundo? Ya no. Empieza a abrirse paso con fuerza, valga la redundancia, “el 116”.

¿Y de qué va el 116 se preguntan los escasos neófitos en materia de juegos y Constitución española (CE)? El parroquiano de la mesa de al lado les explicará que regula los estados de alarma, excepción y sitio.

Por mucho que la situación sea alarmante no parece que cuando se habla del 116 se esté pensando en su apartado segundo porque, según la Ley Orgánica que desarrolla el 116, está previsto para las siguientes situaciones: “a) catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo.d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad”.

Los tiros, en sentido metafórico, parecen ir más bien por el apartado tercero del artículo 116 y el lector avisado, valga de nuevo la redundancia, ya sabrá que estamos hablando del estado de excepción, que debe ser “declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados”. ¿Y qué actuaciones podría amparar la declaración del estado de excepción? Según la prosa de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio:

la Autoridad gubernativa puede detener a cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar alteraciones del orden público. La detención no podrá exceder de 10 días (el plazo máximo “ordinario” es de 3 días, salvo en casos de terrorismo, 5) y los detenidos disfrutarán de los derechos que les reconoce el artículo 17.3CE (asistencia de abogado).

Si el Congreso lo ha autorizado, la Autoridad gubernativa podrá disponer inspecciones y registros domiciliarios si lo considera necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o para el mantenimiento del orden público.

Cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo 18.3CE, la autoridad gubernativa podrá intervenir toda clase de comunicaciones.

Árbol otoñal

Si la autorización del Congreso incluye la suspensión del artículo 19 CE, la autoridad gubernativa podrá prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine, y exigir a quienes se desplacen de un lugar a otro que acrediten su identidad, señalándoles el itinerario a seguir. Igualmente podrá delimitar zonas de protección o seguridad y dictar las condiciones de permanencia en las mismas y prohibir en lugares determinados la presencia de persona que puedan dificultar la acción de la fuerza pública.Cuando ello resulte necesario, la Autoridad gubernativa podrá exigir a personas determinadas que comuniquen, con una antelación de dos días, todo desplazamiento fuera de la localidad en que tengan su residencia habitual. También podrá disponer su desplazamiento fuera de dicha localidad cuando lo estime necesario...

La Autoridad gubernativa podrá suspender todo tipo de publicaciones, emisiones de radio y televisión, proyecciones, cinematográficas y representaciones teatrales, siempre y cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo 20.1 a) y d), y del20.5 CE. Igualmente podrá ordenar el secuestro de publicaciones.

Cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo 21 CE, la autoridad gubernativa podrá someter a autorización previa o prohibir la celebración de reuniones y manifestaciones. También podrá disolver las reuniones y manifestaciones.

 Voy concluyendo aunque el estado de excepción todavía da para más: la Autoridad gubernativa podrá prohibir las huelgas y la adopción de medidas de conflicto colectivo, cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión de los artículos 28.2 y 37.2 CE.

Y todo eso es de lo que se estará hablando cuando escuchen hablar del “116” (punto 3) como poción mágica para el “problema catalán”.

¡Que siga el juego!  

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Autor

Miguel Presno

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